Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México

Volumen 16 / Documento 210

POPULISMO, PODER REGIONAL E INTERMEDIACIÓN POLÍTICA:
EL SUR DE JALISCO, 1900-1980[ 1 ]

Guillermo de la Peña

En el ámbito que llamaré sur de Jalisco, como en otras muchas partes del México rural, la revolución de 1910-1920 y la reforma agraria cardenista tuvieron como una importante consecuencia el desplazamiento de la clase hegemónica regional (u oligarquía). En este artículo, examinaré

las características del poder regional prerrevolucionario;
el surgimiento de nuevas formas de control y poder a partir de 1920, y
el proceso de disolución regional asociado con estas nuevas formas.

La clase hegemónica desplazada en el sur de Jalisco había alcanzado la culminación de su poder a mediados del siglo pasado, cuando un puñado de familias poseía tierras, ganados y agroindustrias, manejaba la circulación de bienes, comandaba ejércitos privados (guardias blancas) y disponía de los puestos formales de gobierno local. Además, estas familias, vinculadas entre sí por el parentesco y la participación en negocios comunes, articulaban con ayuda de la Iglesia un idioma cultural de comunicación entre las distintas clases y segmentos sociales (cfr. Lomnitz-Adler, 1991). Durante la dictadura porfirista (1876-1910), la situación de hegemonía se modificó en varios aspectos: la modernización de las comunicaciones -sobre todo la aparición del ferrocarril- permitió nuevas formas de apropiación de recursos y la emergencia de pequeños negociantes pueblerinos; se reforzaron las instituciones de las jefaturas políticas y los directoriados, cuyo nombramiento dependía formalmente del gobernador del estado; y se establecieron destacamentos permanentes del ejército federal en las cabeceras cantonales.[ 2 ] Tales modificaciones dieron lugar a un cierto grado de competencia y conflicto entre las viejas familias dominantes y las categorías sociales surgidas al amparo de las nuevas actividades económicas y el nuevo orden político formal. Más tarde, el Estado nacional postrevolucionario abolió las instancias políticas y administrativas intermedias - cantones, jefaturas y directoriados- para favorecer a los gobiernos de los municipios del estado;[ 3 ] además, minó fuertemente el poder de la oligarquía al instituir el reparto agrario. Sin embargo, las instancias municipales y estatales tardaron en consolidarse. En las páginas que siguen, mostraré que el orden regional oligárquico fue sustituido, primero, por la lucha faccional multidireccional, y luego por una situación de fragmentación de poder que ha requerido y requiere, para evitar el caos, de variados procesos de intermediación y negociación.

Distinguiré, a lo largo del artículo, entre dos conceptos, ambos acuñados por Richard N. Adams (1970: cap. 1; 1975: 68-73; cfr. N. L. González 1972): dominio de poder unitario y dominio de poder múltiple. El primero se refiere a una situación donde un actor controla todos los recursos que en un ámbito determinado resultan relevantes para otros actores y con base en ese control ejerce poder sobre ellos.[ 4 ] El dominio múltiple o fragmentado implica que los recursos relevantes son controlados por varios actores, que por ello comparten una situación superordinada. Ahora bien, en el modelo que estoy planteando para el sur de Jalisco, cada familia dueña de haciendas o ranchos en el siglo XIX podía concebirse como situada en la cúspide de un dominio unitario con respecto de sus peones, aparceros y arrendatarios. En conjunto, las familias propietarias no formaban un actor corporado en el sentido estricto del término; pero sus vínculos sociales y convergencias económicas les permitían defender sus intereses no sólo familiares sino de clase en un vasto ámbito territorial. En este ámbito, el pacto oligárquico - una especie de dominio unitario sujeto a continua negociación - se constituía en un eslabón necesario para la implantación del orden público. Roto este eslabón en la época revolucionaria, su reemplazo fue harto difícil. Los integrantes de la nueva categoría de pueblerinos enriquecidos surgida en los años previos al estallido revolucionario no lograron establecer entre ellos alianzas sólidas sino, a lo más, se agruparon en facciones - es decir, en torno a objetivos de corto plazo (Yadava 1968)-, cuyos pactos y enfrentamientos se entrecruzaban con los de las facciones que competían por el gobierno en los niveles del estado y la nación. Ninguna instancia local o supralocal controlaba suficientes recursos para ejercer un poder unitario sobre las facciones. Posteriormente, éstas quedaron subordinadas a la actuación de corredores o intermediarios políticos (brokers), cuyo poder se ha basado en el control del apoyo popular y la comunicación y la negociación vertical, sobre todo con las agencias del gobierno federal (Wolf 1956). Esta nueva situación - que aún persiste - permite la paz social; y además tiene dos importantes consecuencias: refuerza la fragmentación local y regional, y a la vez contribuye a la unificación de poder al nivel nacional (cfr. de la Peña 1980a: 307, y de la Peña 1986).

El concepto de región utilizado en este ensayo se refiere tanto a un nivel de articulación como a una estructura de producción e intercambio (Adams 1975: 74, 127; Roberts 1980).[ 5 ] El nivel de articulación regional ocurre cuando un conjunto de actores locales se encuentran situados bajo un mismo dominio (unitario o múltiple) cuyo alcance va más allá que el de cualquier localidad (hacienda, rancho, pueblo o ciudad). A su vez, el dominio regional puede estar (o no) situado en un nivel de articulación estatal o nacional (Adams 1967). La estructura regional implica la vigencia de una serie de instituciones y expectativas de conducta. Esta vigencia trasciende el nivel local; pero no depende mecánicamente de la fuerza de las instituciones nacionales.[ 6 ] Me interesa examinar las instituciones que han regulado la división social y espacial del trabajo: la hacienda y sus sustitutos, y la organización territorial del mercadeo.

Otros dos conceptos importantes son el de intermediario (o corredor) político y el de populismo. Un intermediario político tiene como principal tarea el lograr que un actor o una serie de actores previamente independientes lleguen a ocupar una posición subordinada en el dominio de poder de un tercer actor. El intermediario alcanza su objetivo mediante su habilidad como comunicador y negociador; esta habilidad se constituye en un recurso estratégico que le permite adquirir y ejercer poder (Wolf 1956). (Paradójicamente, cuando su éxito es completo - cuando la comunicación se ha establecido y la negociación ya no es necesaria -, el recurso se devalúa). Por su parte, el concepto de populismo es más complicado: implica la existencia de un proyecto nacional de alianza de clases, en el cual una sección de la élite política o un grupo político emergente busca el apoyo de sectores populares y se presenta ante ellos como defensor de sus intereses y demandas. Con frecuencia, un proyecto populista requiere de intermediarios que lo traduzcan favorablemente.[ 7 ] Me interesa examinar el proceso de traducción y no el proceso de formación del Estado populista, que requeriría de una perspectiva teórico-metodológica diferente (cfr. Wolf 1990).

El ensayo se divide en cuatro partes. Trataré de mostrar, en la primera, las condiciones por las cuales, en las décadas previas al cambio revolucionario, se podía hablar del sur de Jalisco como una región. Presentaré en segundo lugar, mediante un estudio de caso de faccionalismo pueblerino, las consecuencias inmediatas de la disolución del dominio regional. Una tercera parte abordará el tema de la reorganización del control y del poder, e intentará dilucidar el papel de los nuevos actores económicos, de las autoridades municipales, estatales y federales, y de los nuevos intermediarios políticos. Finalmente, en la cuarta sección se describirá el intento fallido de creación de un nuevo dominio regional por parte de un importante intermediario político.

El sur de Jalisco: un contexto cambiante[ 8 ]

Las tierras situadas al suroeste del lago de Chapala, al noroeste de la sierra del Tigre y al noreste de los volcanes de Colima - lo que llamo en este ensayo "el sur de Jalisco"- tuvieron durante la colonia un estatuto sui generis. A pesar de su cercanía con la ciudad de Guadalajara, capital de la jurisdicción de la Nueva Galicia, no formaban parte de ésta, pues habían sido conquistadas directamente por parientes de Hernán Cortés, quien las reclamó para la Nueva España (Muriá 1976a: 32). Se formó la Provincia de Ávalos, llamada así porque Alonso de Ávalos, primo de Cortés, se convirtió en el encomendero y terrateniente más importante: su dominio unificaba paisajes tan diversos como los del Valle templado de Sayula, las sierras de Tapalpa y el Tigre, la fría altiplanicie de Zapotlán, y las cuencas semitropicales de Zapotiltic, Tamazula y Tuxpan. Aunque la Corona estableció alcaldes mayores en las poblaciones principales -en Sayula, y más tarde en Zapotlán el Grande-, Alonso de Ávalos y sus descendientes, y otras familias propietarias que llegaron a lo largo del siglo XVII, se convirtieron en los gobernantes efectivos, gracias a la falta de autoridad de Guadalajara y a la lejanía de la ciudad de México (de la Peña 1980b). En el siglo XVIII, sin embargo, esta autonomía disminuyó, por dos razones. En primer lugar, ciertas familias principales de Guadalajara se apropiaron de haciendas sureñas, mediante alianzas matrimoniales y también mediante compras directas de tierras. La importancia comercial de Guadalajara había aumentado notablemente (Van Young 1982), y los propios hacendados de la vecindad de Sayula y Zapotlán buscaban acceso a nuevos mercados.[ 9 ] Cuando se creó en 1794 el Real Consulado de Guadalajara - la corporación de comerciantes encargada de organizar y regular el flujo de mercancías-, una de sus delegaciones más activas fue la de Sayula (Ramírez Flores 1952: 39-40). En segundo lugar, la reorganización borbónica del virreinato en intendencias había puesto a las viejas tierras de Ávalos bajo la directa jurisdicción de Guadalajara, y una burocracia real más profesionalizada se hizo presente en las ciudades y pueblos. Más tarde, la independencia nacional dio a Guadalajara el rango de capital de Jalisco.

Con todo, tanto la Guerra de Independencia, como luego la casi perpetua guerra civil entre centralistas y federalistas, entre conservadores y liberales, tuvieron graves repercusiones en la organización económica y política jalisciense. Una de ellas fue la incapacidad de los gobernadores del estado de hacer valer directamente su autoridad. Hubo incluso un intento fallido de separación de Jalisco, urdido por los comerciantes y terratenientes de Zapotlán (Olveda 1980: 200). Además durante treinta años (1820-1850), un cacique surgido de la insurgencia, el general Gordiano Guzmán, se convirtió en la figura dominante en las tierras del sur, gracias al apoyo de milicias campesinas y a su papel como intermediario político entre los pueblos y los gobiernos liberales (Olveda 1980: 134, 143-144, 161, 171-180). Después de que Guzmán murió a manos del ejército conservador en 1854, una nueva generación de hacendados - algunos de ellos descendientes de las familias coloniales; otros, recién llegados- tomó el mando (de la Peña 1980b: 49). A la manera de los coronéis del noreste brasileño que ha descrito Linda Le win (1979), se apoderaron directamente de los puestos políticos y los usaron en su favor, sin que el intento liberal de crear una burocracia profesional y un poder judicial independiente pudiera ponerse en práctica.[ 10 ] Desde 1855, los dueños de haciendas tuvieron la autorización oficial del gobierno del estado de formar ejércitos privados para combatir el bandolerismo (Olveda 1980: 40). La capacidad que tenían los oligarcas de movilizar gente armada resultaba útil para las facciones que se disputaban el poder nacional. Durante las guerras de Reforma y de resistencia al ejército napoleónico, el apoyo de los sureños permitió a las tropas liberales el libre tránsito desde Guadalajara o el centro de Michoacán a la costa del Pacífico.

El poder oligárquico debe entenderse en el contexto de la expansión y diversificación de las haciendas. Merced a la legislación liberal prevaleciente en Jalisco, las tierras comunales de muchos pueblos del sur habían sido expropiadas y rematadas por las autoridades cantonales o municipales en las décadas posteriores a la Independencia (Aldana Rendón 1989: 76-79). Muchas de estas tierras fueron adquiridas por nuevos o viejos hacendados que mostraron un especial dinamismo: no sólo orientaron una buena parte de la producción agrícola y pecuaria a los mercados sino además mostraron especial interés en la producción agroindustrial y manufacturera, aprovechando la abundancia y variedad de recursos naturales. Dentro de las haciendas, se ampliaron los trapiches e ingenios, los aserraderos, los molinos de trigo y las plantas destiladoras de mezcal; asimismo, se crearon ladrilleras, fábricas de ja bón, y hasta una gran fábrica de papel y una fundición de hierro (de la Peña 1977). Desde los puertos relativamente cercanos de Manzanillo y San Blas se trajo maquinaria europea reciente. Ahora bien: esta diversificación implicaba el control por parte de la hacienda de una fuerza de trabajo abundante y múltiple: trabajadores permanentes (agrícolas e industriales), aparceros, arrendatarios y trabajadores estacionales que se movían de una hacienda a otra. Estos últimos eran campesinos temporaleros residentes en las antiguas comunidades indígenas (a veces propietarios, a veces aparceros) que dejaban descansar sus milpas en los meses secos para vivir del jornal. Incluso los artesanos de los pueblos con frecuencia realizaban trabajos para las haciendas.

Las normas sociales y la estructura de clases no se explicaban simplemente por las relaciones de producción: el trabajo asalariado no era el único mecanismo de extracción de plusvalía. En las relaciones de distribución, los hacendados también desplegaban su poderío: poseían, además de tiendas de raya, almacenes en las ciudades y en los pueblos principales, donde acaparaban las cosechas de sus aparceros y arrendatarios, y las de muchos rancheros (medianos propietarios) y campesinos libres, para luego enviarlas a Guadalajara, la costa y áreas más lejanas, incluso la ciudad de México. Estos mismos almacenes vendían productos traídos de fuera a los arrieros y pequeños comerciantes pueblerinos, y funcionaban como instituciones de crédito. Así, el sistema de extracción de productos y distribución de bienes generaba una jerarquía regional de asentamientos humanos, que presentaba una peculiaridad: la cúspide era compartida por dos ciudades rivales, Sayula (8 000 habitantes en 1910) y Zapotlán el Grande (17 000 habitantes). Ambas eran cabeceras de cantón y presumían los más grandes almacenes.[ 11 ] En un segundo nivel, se encontraban cuatro pueblos (Atoyac, Zacoalco, San Gabriel y Tamazula: ninguno de ellos tenía al final del porfiriato menos de 3 000 ni más de 4 000 moradores) que ostentaban negocios comerciales un poco más pequeños y dependían para la comercialización externa de ciertos productos de la intermediación de Sayula o Zapotlán. Un tercer nivel estaba formado por veinte cabeceras municipales (1 000-2 000 habitantes), en torno a las cuales giraban varias docenas de pueblitos y rancherías. En estas cabeceras existían tiendas medianas y chicas y se celebran tianguis (merca dos placeros) todas las semanas (Veerkamp 1981). Al consolidarse el dominio de la clase de hacendados-comerciantes, la importancia de estos tianguis disminuyó: más y más productos iban directamente a las tiendas y almacenes. Cuando llegó el ferrocarril Guadalajara-Colima en los primeros años del siglo XX, se intensificó el flujo comercial con estas dos ciudades y con el puerto de Manzanillo. La organización del mercadeo acentúo entonces ciertas características que la asemejaban a un sistema regional dendrítico: los pequeños productores de los lugares peor comunicados dependían de intermediarios y acaparadores para la comercialización de sus productos; los flujos horizontales de mercancías perdieron importancia; la función dominante del mercadeo era la de exportar productos hacia otras regiones (cfr. Smith 1976).

No sólo por la expansión ferrocarrilera (que desde 1888 había alcanzado a Guadalajara) sino por la mejora generalizada del transporte y la seguridad de los caminos, y por el crecimiento del consumo urbano, los treinta y cuatro años de Pax Porfiriana (1876-1910) multiplicaron las oportunidades para los medianos productores y para los arrieros emprendedores, convertidos pronto en comerciantes pueblerinos independientes.[ 12 ] E n 1890, se fundó la Cámara de Comercio de Sayula, que incluía entre sus miembros a los nouveaux riches de los municipios circundantes, quienes rivalizaban con los mercaderes de Sayula y Ciudad Guzmán en la tarea de enviar productos del campo hacia Guadalajara y Manzanillo. Ciertos arrendatarios prósperos compraron tierra de sus antiguos patrones (González 1979). Se amplió la superficie bajo cultivo directo -es decir, manejada directamente por los propietarios-, y disminuyó la aparcería. Crecieron particularmente los campos de caña de azúcar, las siembras forrajeras y los agostaderos. Por su parte, varios hacendados pidieron préstamos para ampliar sus cultivos comerciales y algunos, abrumados por los intereses de la deuda, debieron luego vender sus propiedades. La vieja clase oligárquica comenzaba a debilitarse; e incluso perdió su capacidad de asumir directamente los cargos de autoridad política. Los jefes políticos y directores eran ahora gente de confianza del gobernador del estado - profesionales o comerciantes medianos -, y ellos a su vez nombraban a los munícipes. No eran enemigos de los grandes propietarios; pero tampoco dependían totalmente de ellos. Las comandancias militares de Sayula y Ciudad Guzmán disponían de varias docenas de hombres armados. Cada municipio organizaba su propia policía. Aunque no desaparecieron, las guardias blancas fueron perdiendo fuerza y relevancia. Las finanzas municipales -que se encontraban en estado desastroso por la supresión de los bienes comunales - comenzaban a reorganizarse. El gobierno del estado, en conjunción con las municipalidades, renovó los esfuerzos por cobrar impuestos; construía escuelas y promovía obras públicas, con ayuda de los negociantes de cada localidad. Este proceso de institucionalización estatal y diversificación socioeconómica no exigía la desaparición del poder oligárquico sino la relativa ampliación de los grupos dominantes y la negociación de un nuevo pacto.[ 13 ] Como lo mostraré en el siguiente estudio de caso, el estallido revolucionario interrumpió el proceso de negociación y profundizó la fragmentación del poder.

El poder imposible: la violencia en Amacueca[ 14 ]

Situado en el piedemonte de la Sierra de Tapalpa, el pueblo de Amacueca -cabecera del municipio homónimo- ha vivido por lo menos durante dos siglos de dos actividades principales: el cultivo de cereales y caña de azúcar en el vecino valle y en los coamiles de las cercanías, y la producción frutal en huertos domésticos, que requiere de una relativa abundancia de agua.[ 15 ] En los albores del siglo XX, aunque la mayoría de las 250 familias del pueblo tenía al menos un coamil o un pequeño huerto, la tierra del valle (2 332 hectáreas) se repartía entre sólo once fincas (ranchos, en la nomenclatura local), cuyos propietarios lo eran también de huertas, ganados, pastizales y bosques. Seis de los once vivían con sus familias en Sayula; cuatro (parientes entre sí), en Amacueca; uno (separado de su mujer), en su rancho, llamado Piedra Gorda. Este último era poseedor del manantial más caudaloso de la comar ca, los otros dos manantiales importantes se administraban por el ayuntamiento, que de ellos obtenía algunos ingresos. Pero este órgano de gobierno carecía de autonomía real: el cabildo era de facto nombrado por los terratenientes, de acuerdo con el jefe político de Sayula. Por otro lado, existía un sector de creciente importancia: los comerciantes, cuyos negocios medraban al ampliarse las comunicaciones.

En 1909, la élite pueblerina sufrió una fractura. Francisco Pedroza, el dueño de Piedra Gorda, había donado su manantial al ayuntamiento; pero murió en circunstancias misteriosas y sus herederos resultaron ser los administradores del propio rancho: los hermanos Refugio y Félix Lepe, quienes se negaron a entregar el agua. Según los rumores que corrían por el pueblo, los Lepe habían asesinado a su patrón Pedroza para quedarse con la finca y el manantial. En un enfrentamiento, el presidente municipal Víctor Ruiz, miembro de una familia propietaria, mató a Refugio Lepe. Amenazada por Félix, la familia Ruiz huyó del pueblo; pero influyó con el jefe político para que aprisionara a su enemigo, quien murió en la cárcel de Sayula en 1910. Su viuda y sus siete hijos -seis varones y una niña- heredaban Piedra Gorda junto con un recuerdo de odio.

Para Amacueca, la década revolucionaria (1910-1920) significó una intermitente violencia, traída por el paso de las tropas revolucionarias de distintas banderas y por los saqueos de los bandoleros de la región (cfr. González 1979: 151-167). El edificio del ayuntamiento fue incendiado; ocurrieron robos y violaciones; escaseó el maíz. Pero no hubo contingentes del pueblo que se declararan revolucionarios. En la cercana Cuesta de Sayula se libró en 1915 una célebre y cruenta batalla entre villistas y carrancistas, donde ganaron los primeros; pero al poco tiempo los villistas se replegaron y el general constitucionalista Manuel M. Diéguez quedó como autoridad indiscutible en el estado de Jalisco. Diéguez abolió las jefaturas políticas y los directoriados, para reconocer únicamente a las autoridades municipales (Torres Sánchez 1987: 460).[ 16 ] En Amacueca, esto no hizo perder a los terratenientes y comerciantes el control del gobierno local; pero permitió que afloraran las disputas entre ellos.[ 17 ] Por otra parte, los destacamentos militares, ahora definidos como revolucionarios, seguían presentes en Sayula y Ciudad Guzmán, pero dependían directamente del comandante militar del estado de Jalisco.

La ley agraria carrancista del 6 de enero de 1915, que autorizaba el reparto de latifundios en parcelas individuales a campesinos de las comunidades adyacentes, fue promulgada en Ciudad Guzmán por Diéguez, a sólo dos meses de su expedición, y repercutió de inmediato en tomas de tierras en Huescalapa y Atemajac de Brizuela. En los años siguientes (1916-1920) hubo expropiaciones (más bien tímidas) de algunas tierras de haciendas en varios municipios sureños: Ciudad Guzmán, San Sebastián, Sayula, Tamazula, Zapotiltic... (Muriá et al., 1982: 442-444). Pero no las hubo en Amacueca. De hecho, había en el pueblo un buen número de personas definibles como agraristas en potencia: por no tener ninguna tierra, o tenerla en cantidades exiguas - puesto que la expansión demográfica de las décadas anteriores había pulverizado la pequeña propiedad-, debían ganarse la vida como mozos o medieros de los mayores terratenientes.[ 18 ] Sin embargo, éstos ejercían un fuerte control sobre aquéllos, mediante sus guardias blancas y también a través de relaciones de patronazgo. Además, a ricos y pobres los unían formas de cooperación simbólica. Patrones y trabajadores participaban conjuntamente y con frecuencia en el culto católico. Cada año, los patrones financiaban las llamadas lumbradas: cenas populares en el atrio de la parroquia, que marcaban el final de las fiestas navideñas.

Con todo, el derrumbe del Estado porfiriano terminó por arrastrar consigo la estructura del poder local. Por lo mismo, la lucha por la tierra irrumpió con gran violencia. Los primeros agraristas amacuequenses fueron tres personajes que escapaban al control directo de los terratenientes, por tener ocupaciones no agrícolas: Tereso Lugo, comerciante ambulante en frutas y verduras; Daniel Paz, carpintero, y Fidel Laya, peluquero. Su labor de agitación tuvo resonancia sobre todo cuando el grupo de propietarios de tierras se debilitó por rencillas internas provocadas por la familia Lepe. La viuda de Félix Lepe se había marchado con sus hijos a Guadalajara en 1911; pero todos ellos regresaron a Piedra Gorda en 1917, donde reorganizaron la producción ganadera y armaron a sus mozos. Los hijos mayores, Juan (26 años) e Irineo (24), criaban ganado y acaparaban maíz para venderlo en Guadalajara. De nuevo, sustrajeron el manantial del control del ayuntamiento. Como las cuotas por el uso del agua eran una importante fuente de ingresos para el ayuntamiento, los Lepe entraron en conflicto con el munícipe Chepo Pérez, también comerciante y propietario, cuya familia detentó la presidencia municipal de Amacueca entre 1917 y 1922 gracias a sus conexiones familiares con los Fajardo, de Atoyac, quienes presumían de grandes influencias en el gobierno del estado. En 1918, Irineo Lepe fue muerto a balazos en una reyerta con la policía municipal; desde entonces, y hasta 1922, la pelea entre los Pérez y los Lepe permeó la vida del pueblo.[ 19 ] Entretanto, algunas de las facciones que se diputaban el gobierno del estado promovieron la formación de peticionarios de tierras. Por esta coyuntura, Lugo y sus compañeros reunieron 121 firmas (casi todas de medieros) y presentaron el 5 de diciembre de 1921 una solicitud de dotación ejidal ante la Comisión Local Agraria. Tal solicitud nunca obtuvo respuesta.[ 20 ] Pero la inquietud agraria se extendía. Decidido a lograr una reconciliación entre todos los terratenientes, el diputado Praxedis Fajardo, primo de Chepo Pérez, convocó a una reunión, en octubre de 1922, que resultó desastrosa: se armó una balacera donde murieron diez hombres, incluidos Chepo y su hermano Jeremías, así como Victorino, el tercero de los Lepe. Fajardo logró escapar. Muertos los Pérez y desbandados sus partidarios, Juan Lepe quedó como el indiscutible hombre fuerte del lugar, y se arrogó la misión de combatir al agrarismo. Pero el combate ya no sería fácil: en marzo de 1923, tomó posesión el gobernador Zuno, apoyado por las facciones más radicales del estado.

Pintor, escritor, caricaturista y político - Jean Meyer (1977: 188) lo llama "el príncipe florentino de Guadalajara"-, José Guadalupe Zuno Hernández dominó la política jalisciense a lo largo de la década de 1920.[ 21 ] Partidario y protegido de Obregón, representaba la faz populista del obregonismo: como candidato a gobernador, estableció alianzas con los sindicalistas "rojos" y los agraristas, particularmente con la importante Liga de Comunidades Agraristas, utilizada por el gobierno federal para tender un puente hacia los campesinos.[ 22 ] La Rebelión De lahuertista (diciembre de 1923-marzo de 1924) interrumpió los proyectos del gobernador y lo obligó a esconderse.[ 23 ] Significativamente, el delahuertismo, percibido como un movimiento moderado, recibió el apoyo de ciertos ayuntamientos jaliscienses aún dominados por los propietarios: en la región sureña, se formaron concejos municipales rebeldes en Atoyac, Atemajac de Brizuela, San Gabriel, Sayula, Tuxpan y Zacoalco (Romero 1987: 145); pero no en Amacueca, donde había sede municipal vacante, pues el alcalde en turno - un compadre del difunto Chepo Pérez- huyó despavorido. Contra la rebelión, los peticionarios de tierra, y sobre todo los miembros de la Liga de Comunidades Agraristas, fueron reclutados como soldados del obregonismo; así que, sofocada aquélla, se toleraron (o promovieron) tomas de tierra, por ejemplo en Zacoalco, Tecalitlán y en la hacienda de Contla. Sin embargo, éstas no condujeron a un movimiento agrario masivo, en parte por la persistencia de las guardias blancas, y en parte por la vigilancia de un ejército que no quería más revuelos (Muriá et al. 1982: 446-452; cfr. Zuno 1956: 145-146.[ 24 ] De todas maneras, Zuno, deseoso de gobernar con apoyos populares masivos, procedió a favorecer a los candidatos agraristas en el proceso de reinstalación de los ayuntamientos (Munguía 1976: 137-138).

En Amacueca, Tereso Lugo, Fidel Laya y Daniel Paz encabezaron la planilla propuesta por el gobernador. A unas horas de la toma de posesión de Lugo como presidente municipal, un pistolero foráneo -según se decía, a sueldo de los terratenientes- lo victimó a balazos. Zuno entonces nombró a Laya, y envió 30 soldados del regimiento de Sayula para apoyarlo. Con todo, Laya no movió un dedo para impulsar el reparto agrario. En cambio, se dedicó a extorsionar a los terratenientes, con la amenaza de acusarlos del homicidio de Lugo. Por las noches, los partidarios de Laya - a quienes se llamaba "los agraristas" -, con la cara tiznada, robaban cosechas y ganado. Menudeaban los enfrentamientos y hubo varios muertos. En septiembre de 1925, los soldados y la policía municipal tomaron por las armas el rancho Piedra Gorda, con el pretexto de capturar el manantial. Los Lepe escaparon; pero murieron cuatro de sus mozos y dos policías.

Para finales de 1925, prácticamente todas las familias "de posibles" habían dejado el pueblo.[ 25 ] En marzo de 1926, Zuno renunció a la gubernatura, presionado por los grupos políticos estatales protegidos por el presidente Calles. La misma semana los soldados salieron de Amacueca. Dos semanas después, Juan Lepe, en la mitad de la plaza, mató a tiros a Fidel Laya; poco después, Daniel Paz fue también asesinado; igual suerte corrieron varios parientes de Lugo y Laya. Para finales de año, el agrarismo parecía haber sido liquidado en Amacueca. Una parte de la élite local regresó a sus casas y ranchos.

Sin embargo, el gobierno volvió a requerir del apoyo del agrarismo para contrarrestar el empuje armado de un nuevo movimiento rebelde: el de los cristeros. En el estado de Jalisco, las medidas antirreligiosas y anticlericales de Zuno habían enardecido los ánimos. En los municipios sureños, múltiples incidentes de protesta ocurrieron a lo largo de 1926, el más grave de ellos en Ciudad Guzmán, donde el alcalde fue linchado (Figueroa Torres 1947: 107). Generalizado el levantamiento en 1927, las fuerzas gubernamentales repartieron armas entre los ejércitos irregulares de agraristas, a menudo reclutados a la fuerza, bajo el mando de líderes locales y regionales. De haber vivido Fidel Laya, hubiera probablemente organizado una de estas "defensas rurales". De todos modos, varios de sus antiguos seguidores fueron incorporados al contingente de Fernando Basulto Limón, el feroz cacique agrarista de Zacoalco, quien utilizó su reforzado poder para despojar y eliminar a sus enemigos personales, acusándolos de cristeros (Meyer 1974: 51-53; Muriá et al. 1982: 454-457; Barbosa Guzmán 1987: 403). En Amacueca, la iglesia permaneció cerrada desde agosto de 1927 hasta noviembre de 1932. El gobierno municipal fue sustituido de 1927 a 1929 por sucesivos capitanes de un destacamento militar, a su vez periódicamente desplazado por grupos de bandidos motejados de "cristeros", el más célebre de ellos convirtió el recinto parroquial en caballeriza. Para aprovechar la coyuntura, los agraristas amacuequenses, nuevamente movilizados, enviaron en septiembre de 1927 una petición más a la comisión local agraria, que tardó más de un año en ser atendida. De hecho, el funcionario que visitó el pueblo no levantó el censo agrario, "pues no compareció ninguno que pudiera resultar beneficiado", y en consecuencia el gobernador declaró improcedente la solicitud.[ 26 ] Lo que realmente sucedió fue que los terratenientes y comerciantes pactaron con los oficiales del destacamento militar y dispersaron a los "alborotadores" peticionarios.[ 27 ] Pero el grupo dirigente seguía en pleito. Para desterrar la influencia de Juan Lepe, a quien muchos consideraban ya un temible cacique, el comerciante más rico, José Isabel Leal, lo acusó de ser "cristero", y sobornó al capitán en turno para que lo declarara fuera de la ley. Buscaban los comerciantes el control del ayuntamiento; querían también recuperar el manantial, fuente de ingresos municipales. Encolerizado, Juan Lepe mató a Leal. Perseguidos por los soldados federales, él y su hermano Romualdo terminaron por unirse efectivamente a un regimiento cristero (el del general Carlos Bouquet). Murieron en 1929, en un enfrentamiento militar.

Comentario

La narración de la política amacuequense entre 1908 y 1930 puede leerse desde varios puntos de vista. Uno de ellos es el de la lucha novelesca de la familia Lepe por apropiarse del manantial y adquirir membresía en la emergente élite pueblerina. Esta lucha costó la vida a mucha gente, incluidos seis miembros de la familia. Pero la historia se asemeja a la de otros municipios en los mismos años, y puede también contarse como una sucesión de intentos fallidos por imponer un orden tanto local como regional. Por ello, la persistente violencia no debe entenderse simplemente como una característica cultural de la localidad sino como una expresión extrema de competencia política.[ 28 ] Abolida la autoridad cantonal, se agudizaba el faccionalismo de las élites municipales, deseosas de capturar el ayuntamiento por lo que éste implicaba de control de recursos, no sólo económicos sino también de acceso a la fuerza policial y a los contactos políticos verticales. Además, apareció un nuevo contendiente, el agrarismo, que también pugnaba por apoderarse de los ayuntamientos. Todas las facciones se encontraban en busca de intermediarios apropiados: ausentes o inmovilizados los dueños de las grandes haciendas, surgían en su lugar gentes como los Fajardo, también miembros de las nuevas élites locales, quienes tendían puentes al gobierno estatal. Pero éste también se encontraba desgarrado por luchas de facciones, que a su vez reflejaban y se entrelazaban con las que ocurrían al nivel de los poderes federales. El zunismo, mediante una política populista que se conectaba con la del gobierno de Álvaro Obregón, buscó el apoyo de los grupos de peticionarios de tierras, lo cual permitió la emergencia de otro tipo de intermediario: el cacique agrarista, vinculado personalmente o mediante asociaciones como la Liga de Comunidades Agraristas con funcionarios estatales. Los caciques agraristas de Amacueca no pudieron vencer a la élite pueblerina; pero el de Zacoalco logró una gran influencia regional durante los años de la Cristiada, gracias a la renovada importancia de las tácticas populistas. Por otra parte, la estructura económica no cambió sustancialmente antes de 1934: se repartió poca tierra, y no se alteraron las características dendríticas del sistema de mercadeo. Es decir: los campesinos seguían dependiendo de acaparadores e intermediarios para la comercialización de sus productos; sólo que ahora la clase de los intermediarios comerciales incluía también a muchos personajes aliados con el gobierno revolucionario.

¿Y el ejército? El destacamento de Sayula, convertido luego en regimiento de caballería, recibía directamente órdenes del jefe de operaciones militares en turno.[ 29 ] Sólo apoyaba al gobernador y a las autoridades que éste designaba en la medida en que mantuviesen el apoyo del gobierno federal. Como instrumento eficaz de la federación, limitó la operación de cualesquiera poderes regionales; al no tomar claro partido por ninguno de ellos, perpetuó la necesidad de intermediación política. Si bien algunos oficiales aceptaron sobornos de los terratenientes en momentos específicos, esto no implicaba una alianza estable con éstos. En los años siguientes, continuó la debilidad del gobierno del estado y los municipios y se acrecentó aún más la importancia de los intermediarios.

Fragmentación y redes intermediarias

La lucha faccional pudo comenzar a controlarse merced a la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), en 1929, que sirvió para fortalecer el liderazgo del expresidente Calles. En Jalisco, el callista Sebastián Allende fue el primer gobernador postrevolucionario que pudo dar término pacífico a su mandato constitucional (1932-1935). Su sucesor, Everardo Topete (1935-1939), aunque promovido por el callismo, supo sostenerse en el puesto cuando estalló el conflicto entre Calles y Cárdenas -donde resultó perdedor el primero-, gracias a la manipulación de sus alianzas con las emergentes organizaciones de masas cardenistas (Romero 1988: 227-240). En defensa de Topete, el presidente Cárdenas asestó un golpe feroz al poder legislativo estatal: para prevenir las luchas faccionales en el nivel de los estados, decretó que las quejas contra los gobernadores no se presentaran ante los congresos estatales respectivos sino directamente ante la Secretaría de Gobernación.[ 30 ] En el futuro, a un gobernador más le valdría el sostén del ejecutivo federal, antes que cualesquiera respaldos dentro de su entidad. Así, la amistad personal de Cárdenas aseguró también la sobrevivencia de quien ocupó la gubernatura entre 1939 y 1943, Silvano Barba González. Éste, además, apoyó resueltamente al candidato presidencial de 1940, Manuel Ávila Camacho -muy cuestionado por los cardenistas de izquierda-, y se ganó su simpatía. Con ella contaba igualmente el general Marcelino García Barragán, quien gobernó Jalisco de 1943 a 1947.[ 31 ] Por su parte, el gobernador Jesús González Gallo (1947-1953) era, de nuevo, amigo personal de los presidentes Ávila Camacho y Mi guel Alemán. Sin embargo, los gobernadores no tenían el monopolio del patronazgo federal; por el contrario, el número de sus competidores era legión.

La relevancia de las nuevas redes de patronazgo impidió la consolidación de un nuevo orden institucional. Este tendría que haber implicado: 1) El surgimiento de los ayuntamientos como instancias limitadas de poder independiente, a cargo del mantenimiento del orden, la administración de los bienes municipales y la prestación de servicios básicos. 2) La desaparición de todo otro poder regional independiente. 3) El de sarrollo de una burocracia dependiente del gobierno del estado y ejecutora de sus designios.[ 32 ] 4) La función de intermediación privilegiada del gobierno estatal y los ayuntamientos frente al gobierno federal. En lugar de esto, el control de los recursos estratégicos se fragmentaba en numerosas instancias. La fuerza de las armas - representada preeminentemente por el ejército federal- continuó siendo de vital importancia para mantener el orden por lo menos hasta la década de 1940: aunque la Cristiada terminó oficialmente en 1929, fue seguida por la llamada "segunda" (un intento fallido por revivir el movimiento cristero) y por la proliferación del bandolerismo (Figueroa Torres 1947: 109; Munguía 1976: 166). Junto al ejército, otros cinco actores competían por relevancia política: los caciques agraristas, los negociadores de la paz local, los grupos corporativos afiliados al Partido Revolucionario, los neolatifundistas y las agencias federales. Me referiré brevemente a cada uno de ellos.

Hasta 1930, sólo el 5.5% de la tierra agrícola del estado había pasado efectivamente a las comunidades agrarias y los ejidos (Muriá et al. 1982: 459; cfr. Craig 1983: 261-262). Después de 1934, la reforma agraria se generalizó, aunque no en todas partes alcanzó a la mayoría de la población: en la cabecera municipal de Amacueca, por ejemplo, sólo se dotó de parcela ejidal a 26 beneficiarios, a pesar de que 104 varones habían sido declarados "con derecho a parcela".[ 33 ] En buena medida, el grado de éxito de las peticiones dependía del tipo de promotor que surgía en cada pueblo. Los líderes independientes fueron reprimidos - como ocurrió en Quitupan o Tamazula (Chávez Cisneros 1954: 106-113; Romero 1988: 26, 36-37, 140) -; en cambio, el ejército y los sucesivos gobiernos estatales y federales favorecieron a los emergentes caciques que obtuvieran apoyos campesinos para el Partido. Éste fue convertido por el presidente Cárdenas en una organización de masas (con un nuevo nombre, Partido de la Revolución Mexicana: PRM), que incluía un sector rural, reclutado a través de la Confederación Nacional Campesina (CNC). Por órdenes del gobernador Topete, los presidentes municipales de los municipios rurales (todos, en el sur de Jalisco, excepto Sayula y Ciudad Guzmán) debían provenir de las filas de la CNC. Así, la mediación agraria adquirió un carácter corporativo, aunque su funcionamiento seguía dependiendo en la práctica de las maniobras de los caciques agraristas.

Un prototipo de ellos fue Fernando Basulto Limón, de temible reputación.[ 34 ] Después de organizar defensas rurales armadas contra los cristeros y contra sus opositores en general, se apoderó junto con sus hermanos de los ayuntamientos de Zacoalco y los municipios vecinos. El gobernador Allende quiso deshacerse de él; pero se vio obligado a pedirle ayuda para sofocar "la segunda". Cuando Cárdenas fue nominado candidato presidencial, Basulto se declaró cardenista ferviente. Combatió luego a los numerosos grupos que en el sur de Jalisco manifestaron simpatías sinarquistas o almazanistas (cfr. Munguía 1976: 157).[ 35 ] En 1936 resultó electo senador por Jalisco; su rival (vencido) en la pugna por la candidatura fue nada menos que el exgobernador José Guadalupe Zuno. Asimismo, Basulto ocupó varias veces los cargos de diputado local y federal. En 1945-1946 y 1951-1952, su influencia fue utilizada para combatir el henrriquismo.[ 36 ] En 1954, el gobernador Yáñez logró desarmar sus defensas rurales, que habían persistido como un verdadero ejército privado.

Otros caciques tenían radios de acción más modestos pero provechosos: a cambio de detentar los canales de acceso a los trámites del reparto de tierras y de manipular los comités locales del PRM (Partido Revolucionario Institucional: PRI, desde 1946), se convirtieron en "habilitadores" (prestamistas y vendedores de insumos) y agentes mercantiles (Vázquez 1982: 122-126). A partir de 1940, la expansión de la red carretera y el crecimiento de los mercados urbanos ayudó a reforzar la doble faz -económica y política- del papel caciquil (cfr. Friedrich 1977 y 1986; Bartra 1975). Sin embargo, estos políticos agraristas entraban a menudo en conflicto con las élites pueblerinas sobrevivientes, quienes ahora eran además sus rivales en la actividad comercial. Como los comerciantes de antaño también se habían afiliado al partido revolucionario, la conciliación se tornaba para éste en actividad prioritaria. Y el papel de conciliación lo desempeñaron personajes como Jesús Landeros, quien en 1930 llegó a Amacueca en calidad de comerciante ambulante. Al poco tiempo, Landeros tenía relaciones de negocios con sirios y troyanos, incluidos los dos hermanos Lepe que quedaban vivos. En 1932 fue nombrado presidente municipal, precisamente por su capacidad apaciguadora, y logró pactar una tregua entre las facciones del pueblo, la cual recibió el nombre de "lucha contra el bandolerismo". Su éxito lo llevó a ocupar otras presidencias en municipios sureños (Teocuitatlán y Tamazula), y a coordinar las defensas civiles intermunicipales para proteger caminos y poblados del acoso de salteadores. En realidad, los salteadores eran muchas veces guardias blancas a la caza de peticionarios de tierra y de rivales políticos de su patrón, o agraristas decepcionados por el poco apoyo recibido del gobierno en la lucha legal, o esbirros a sueldo de los caciques agraristas. En cualquier caso, la misión de Landeros era posible por el apoyo recibido del liderazgo nacional del partido revolucionario. Tal apoyo también lo llevó a ocupar puestos políticos importantes en el nivel del estado, desde donde siguió desempeñando el papel de patrón y árbitro. Antes de salir del sur de Jalisco, dejó el manejo de los manantiales, ríos y represas en manos de Juntas Federales de Agua; esto mermó aún más el poder de los ayuntamientos, pero también sustrajo un recurso clave de la competencia faccional local directa.[ 37 ]

Después de 1950, la CNC ha ido perdiendo su control absoluto de los ayuntamientos sureños. A partir de 1947, se creó un nuevo sector en el PRI, el sector "popular", alimentado por la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP); ahí se incorporaron los comerciantes y emergentes burócratas para figurar entre los candidatos a los gobiernos municipales. Igualmente, los trabajadores de las empresas agroindustriales surgidas en 1940-1950 se afiliaron a las dos centrales obreras priistas, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); desde ahí, los líderes de esta incipiente clase obrera han exigido una cuota de regidores y presidentes municipales (cfr. Sánchez Susarrey 1986: 6-7). Merced a sus vínculos corporativos y partidistas, los líderes obreros pueden llegar a convertirse en intermediarios políticos que aseguran la lealtad de vastos contingentes y median en disputas serias entre empresas, trabajadores, campesinos y gobierno (Rodríguez Aviñoá 1977; Gabayet 1988). El más célebre de estos líderes ha sido José María (Cherna) Martínez, quien de secretario de la sección Tamazula del sindicato azucarero ascendió gradualmente a puestos políticos y al liderazgo nacional de su sindicato.[ 38 ]

El triunfo inexorable de todas estas nuevas mediaciones - agrarismo, caciquismo, corporativismo partidista y sindical- ha ido de la mano con una transformación de la estructura productiva y con una diversificación de las relaciones de clase. Mermadas y humilladas por el reparto agrario de la década de 1930, las haciendas no desaparecieron del todo sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, incapaces de hacer frente a la nueva competitividad en el mercado agrícola. La vigilancia sobre los aparceros y arrendatarios, y el control sobre los productos de éstos, se habían vuelto virtualmente imposibles para los propietarios mayores; muchos vendieron la tierra para convertirse en empresarios urbanos; otros decidieron endeudarse para aumentar su producción directa, y acabaron también por vender. Los sobrevivientes se adaptaron a un nuevo estilo productivo en unidades flexibles, altamente capitalizadas e innovadoras (Safa 1988). Para estas unidades, que podrían definirse como "neolatifundistas", lo importante no es ya la propiedad privada de grandes extensiones de tierra si no el control del financiamiento, la tecnología y el mercadeo. Por este control, ciertas empresas llegan a disponer del uso de vastos espacios y abundantes recursos naturales. Por ejemplo, ni el ingenio Tamazula ni la fábrica de papel de Atenquique posee más tierra de la que ocupan sus instalaciones y oficinas; pero en 1976 el primero contaba con una "zona de influencia" de 9 000 hectáreas irrigadas, y la segunda con una "zona de abastecimiento industrial" de 225 000 hectáreas de bosque de coníferas. Igualmente, las industrias cementeras de Zapotiltic y el mineral Las Encinas en Pihuamo mantienen derechos de explotación sobre yacimientos (de piedra caliza en un caso, de hierro en el otro) de extensión y profundidad considerables. Estos derechos exclusivos provienen de concesiones del gobierno federal conseguidas mediante la gestión negociadora de algunos empresarios locales descendientes de los antiguos oligarcas. Invariablemente, el éxito de la gestión ha dependido de la intervención de inversionistas de la ciudad de México y del patrocinio de altas figuras de la política federal. Junto a estos "enclaves" agroindustriales y mineros han surgido agronegocios que distribuyen insumos tecnológicos (semillas mejoradas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria), y ranchos de extensión mediana (100-300 hectáreas) y de máxima tecnificación. Ahora bien, la operación de todas estas empresas ha implicado contradicciones y conflictos potenciales respecto de los intereses de ciertos grupos: los propietarios del bosque, que no pueden explotarlo por su cuenta; los ejidatarios del área cañera, que no pueden sembrar sin el permiso del ingenio ni ven der su caña a otros posibles postores; y los campesinos temporaleros (ejidatarios, comuneros y micropropietarios), que aportan trabajo estacional y, más fundamentalmente, constituyen una reserva de mano de obra barata. Un campesino típico del sur de Jalisco es alguien que controla dos o tres hectáreas de tierra que depende de la lluvia para producir una cosecha anual; que cuenta con mano de obra familiar; que utiliza principalmente tecnología tradicional; y que normalmente debe recurrir al empleo asalariado estacional para sobrevivir (cfr. de la Peña 1984). La articulación económica entre las empresas y los campesinos la posibilitan docenas de pequeños empresarios que subcontratan fuerza de trabajo complementaria: estibadores de madera, peones de aserradero, cortadores de caña, fleteros de piedra caliza (Escobar y González de la Rocha 1988). Con frecuencia, tales pequeños empresarios pertenecen a las mismas familias de los caciques agraristas y los dirigentes del PRI (o son los mismos), y juegan un papel importante en la organización política de los municipios.

Antes de 1940, el nombramiento de los presidentes municipales estaba totalmente en manos del gobernador. Después, se ha instituido un mecanismo un poco más abierto: cada trienio el PRI "ausculta a las fuerzas vivas" (incluidos los caciques, intermediarios y líderes corporativos, y también los funcionarios de las grandes empresas) y propone una serie de nombres al gobernador y los políticos estatales importantes, quienes a su vez consultan con las autoridades federales antes de hacer pública la planilla definitiva. Hasta 1970, los candidatos del PRI prácticamente no tuvieron competencia de los partidos de oposición. Sin embargo, una vez instalados, los ayuntamientos han poseído poco poder independiente, por tres razones fundamentales:

La legislación fiscal vigente, desde 1947 hasta 1983, dirigió el flujo más grueso de recaudación tributaria hacia el gobierno federal: 80%, en términos agregados; los gobiernos estatales recibieron el 18%, y los municipales apenas el 2%. Por su exigua capacidad de gasto público, los ayuntamientos rurales sólo han sido capaces de reproducirse a sí mismos y prestar servicios precarios de vigilancia y limpieza. Así, la inversión pública destinada a la reproducción social del capital (comunicaciones y transportes, energía, riego, crédito, participación en la industria) ha corrido por cuenta de la federación, mientras que el gasto en bienestar social (salud, educación, pensiones) se ha repartido entre la federación y el estado (Sánchez Susarrey 1986).[ 39 ] Si los protagonistas de la derrama de recursos son las agencias federales y estatales, a los ayuntamientos sólo resta la posibilidad de convertirse en gestores de esta derrama. Un presidente municipal es exitoso en tanto logra conexiones con niveles superiores de patronazgo e intermediación, o bien consigue ayudas de benefactores privados, por ejemplo, de los agronegocios.
La institucionalización de la reforma agraria cardenista ha tenido como uno de sus efectos la exclusión de los ayuntamientos de toda injerencia directa en asuntos de tierras. De suyo, los comisariados ejidales y los representantes de bienes comunales se han convertido en autoridades paralelas, aunque de hecho su capacidad de control depende también de su efectividad como intermediarios. Igualmente, el control de los recursos hidráulicos, como ya se dijo, se ha transferido a delegaciones federales.
Atravesado por cuñas de autoridad alternativa, confrontado por actores que controlan o manejan más recursos que él, el municipio incluso constata su impotencia en cuestiones de orden público: sería incapaz de suprimir cualquier estallido de violencia social si el ejército no continuara sus funciones de vigilancia. (Cuando unos bandoleros apodados los octavianos aparecieron en la Sierra del Tigre en la década de 1960, los militares fueron llamados en auxilio de la insuficiente policía municipal. El episodio terminó con la muerte de los bandidos).

Si se comparan las funciones e instituciones municipales del siglo pasado (véase por ejemplo López Cotilla 1843) con las actuales, se aprecia la desaparición de mayordomías de propios - encargadas de la administración de la propiedad municipal y comunal, hoy inexistente- y juzgados de letras; tampoco quedan trazas de las viejas bodegas y mesones (Muriá 1976b). El único desarrollo urbano digno de tal nombre ha ocurrido en Ciudad Guzmán, cuya influencia mercantil se extiende a Colima y el Occidente de Michoacán, Sayula, otrora cabecera de cantón, apenas conserva algunas funciones como centro manufacturero y comercial. Durante las décadas de 1950 y 1960, las cabeceras municipales fueron dotadas de servicios modernos: electricidad, telégrafo, teléfono público, oficina de correos, escuela primaria completa, y algún tipo de provisión de agua; pero las rancherías o poblados más pequeños - donde aún vivía la mayor parte de la población - tenían hacia 1970 una situación tan desfavorecida como 50 años atrás (cfr. Dau, comp. 1968). Desde 1965, muchas cabeceras cuentan además con la presencia de la CONASUPO (Compañía Nacional de Subsistencias Populares), la agencia federal de compraventa de productos rurales; pero los productores se quejan frecuentemente de su lentitud e ineficiencia. Por ello, la paraestatal no ha desplazado a los acaparadores. En realidad, la naturaleza dendrítica del sistema se ha acentuado: ha disminuido la producción de alimentos y aumentado la de cultivos industriales, forrajes, ganado en pie, y frutos y hortalizas para el mercado de Guadalajara.

Como en otras muchas zonas rurales de México, los beneficios del llamado "milagro económico mexicano" entre 1940 y 1970 se manifestaron de forma selectiva y polarizada: alcanzaron a los obreros sindicalizados que consiguieron buenos salarios y prestaciones merced a la protección corporativa, a los empresarios conectados con las compañías agroindustriales, a los rancheros modernizados, a los comerciantes vinculados al PRI, y en cierta medida a los ejidatarios, sobre todo los pocos que consiguieron tierra de riego. Empero hubo sectores que nunca fueron representados por nadie: los minifundistas pauperizados, los comuneros que no pueden explotar sus propios bosques, los jornaleros agrícolas y los obreros eventuales. Ahora bien: en un sistema de dominio basado en el patronazgo, la legitimidad del poder sólo opera respecto de quienes alcanzan beneficios. La aparición de la Comisión del Sur, cuya historia resumiré en el próximo apartado, pueden interpretarse como un ambicioso intento de creación de un nuevo dominio de poder regional legitimado mediante la ampliación y reestructuración de las redes de patronazgo.

La Comisión del Sur de Jalisco: viejo populismo, nuevo poder regional

El segundo hijo del exgobernador Zuno, José Guadalupe Zuno Arce - conocido popularmente como Pepe Zuno-, llegó al sur de Jalisco a principios de la década de 1960.[ 40 ] Fijó su residencia en Tuxpan. Tenía a sus espaldas un pasado turbulento: agitador estudiantil, miembro del Movimiento de Liberación Nacional, activista en la huelga ferrocarrilera de 1958 (Chavoya 1989: 164-165). Acusado en 1959 de "disolución social" - el delito imputado a los miembros de la oposición radical de izquierda -, padeció cárcel durante once meses. De regreso en Jalisco, participó en favor de la campaña de Francisco Medina Ascencio, candidato priísta a la gubernatura en 1964. Una vez en el gobierno (marzo de 1965), Medina Ascencio lo nombró vocal ejecutivo de la Comisión del Sur, un organismo de planeación y promoción del desarrollo regional, al parecer creado para dar trabajo a Pepe Zuno.[ 41 ] Carecía de reales funciones ejecutivas y su presupuesto era irrisorio; según cuenta él mismo, en las oficinas de la comisión sólo había un par de escritorios y el personal auxiliar se reducía a un asistente, un chofer y una secretaria. Sin embargo, la institución se convirtió en un espacio privilegiado de intermediación: Zuno tenía acceso directo al gobernador para abogar por la realización o aceleración de obras de infraestructura o bien estar. Logró, por ejemplo, que se construyeran aulas escolares en los villorrios más apartados, hasta entonces carentes de servicios educativos (Alcántara Ferrer 1979: 24).

La situación mejoró de golpe cuando en 1970 el cuñado de Pepe Zuno, Luis Echeverría Álvarez - casado con María Esther Zuno Arce -, fue postulado por el PRI como candidato a presidente de la República.

A partir de la campaña presidencial, Zuno se convirtió en el hombre más influyente en el sur de Jalisco, y en uno de los más poderosos en el estado. La comisión oficialmente no dejó de ser un organismo consultivo estatal, pero se convirtió de hecho en el núcleo de toma de decisiones respecto al gasto público no sólo estatal sino federal en el ámbito de los 43 municipios de su jurisdicción. El papel informal de organismo decisorio se fue reforzando a lo largo del sexenio. Si antes de 1970 la Comisión del Sur tenía un presupuesto anual de 200 000 pesos - que apenas alcanzaba para la nómina - y llegaba a gestionar cada año obras y subsidios por cuatro o cinco millones de pesos, en 1976 las obras promovidas sólo en ese año tuvieron un costo mayor de los mil millones de pesos (casi 100 millones de dólares de entonces).[ 42 ] Para las elecciones municipales de 1973-1974, los comités del PRI recibieron la advertencia de que sus planillas debían contar con el "visto bueno" de la Comisión del Sur (Medina Núñez 1987: 104). Tres jóvenes colaboradores de Zuno, Guadalupe Paredes (maestra), Patricia Munguía (obrera) y Javier Santillán (economista y líder cañero) obtuvieron respectivamente dos diputaciones locales y una federal.

La ascensión meteórica del organismo y su vocal ejecutivo procedió por etapas. Durante 1971, con la asesoría y el apoyo de la Secretaría de la Presidencia - el ministerio federal de planeación, hoy convertido en Secretaría de Programación y Presupuesto -, se llevaron a cabo estudios socioeconómicos de cada uno de los municipios, que fueron presentados ante los presidentes municipales en una gran asamblea; en ella, se aprobó "por votación unánime" un proyecto general de inversiones y obras, que coordinaría la comisión: caminos y pozos, escuelas y clínicas, obras de electrificación, riego y piscicultura, y programas de extensión agropecuaria (Munguía 1976: 206-207). Este magno proyecto comenzó a ejecutarse en 1972, mediante la vinculación con todas las dependencias federales implicadas. En 1973, se puso en operación un nuevo sistema de "racionalización administrativa"; por éste, la Comisión amplió su organigrama, y por su parte once importantes organismos federales establecieron delegaciones en Tuxpan, y en la práctica se pusieron a las órdenes de Zuno.[ 43 ] El instrumento que formalmente coordinaba la acción de todos ellos era el Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (PIDER). En efecto: PIDER y su dependencia CIDER (Centro de Investigaciones para el Desarrollo Rural), que formaban parte de la Secretaría de la Presidencia, habían sido creados por Echeverría para facilitar la transferencia de fondos al campo; ambos elaboraron detallados diagnósticos y planes para el sur de Jalisco. Pero el aparato tecnocrático, en realidad, no autorizaba sino legitimaba a posteriori las acciones de oportunidad política.

El interés de Zuno no era el desarrollo económico aséptico: buscaba fundamentalmente el desarrollo del apoyo popular. Desde sus inicios -aun antes de su irresistible ascenso- se preocupó por visitar cada uno de los poblados, reunir a los campesinos, arengarlos, estimularlos a que se unieran y emprendieran la defensa de sus intereses. Su lenguaje era radical sin ser abstracto; su frase favorita: "la gente estará primero". Si había deforestación, era que la gente tenía hambre y necesitaba construir coamiles para sembrar. Si había robos de cosechas o sabotajes a los ingenios, era señal de los bajos precios pagados a los pequeños productores y de la escasez de buenos empleos. En asambleas públicas, Zuno llamó la atención sobre los desniveles existentes entre los trabajadores de las grandes empresas, protegidos por sindicatos, poderosos patrones políticos, y los trabajadores del campo y de la industria informal. También contrastaba en sus discursos la suerte de los campesinos temporaleros con la de los negociantes agrícolas. Sin utilizar el término, aludía con frecuencia a la lucha de clases. Y, de las palabras, pasó a la acción: fundó dos asociaciones o "consejos revolucionarios": el de Promoción Cañera y el de Promoción Forestal. El Consejo Revolucionario de Promoción Cañera buscaba elevar los precios que pagaban los ingenios y abaratar para los productores ejidales los costos de transportación; logró ambos objetivos. Además, organizó tomas de tierras y presionó para que algunos ingenios pequeños fueran estatizados. Por su parte, el Consejo Revolucionario de Promoción Forestal movilizó a más de 10 000 comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios. Sus demandas: subir el precio de la madera que compraba la gran fábrica de papel de Atenquique, y conseguir que se efectuaran cortes más frecuentes, pues la exclusividad que la fábrica tenía sobre las zonas boscosas les impedía utilizar la madera para otros fines productivos (Escobar Latapí y Gonzáles de la Rocha 1988: 29, 97-98, 137- 139). En la primera demanda hubo éxito; la segunda llevó a ciertas modificaciones en la organización de la explotación forestal, aunque el contencioso nunca tuvo un arreglo definitivo.

La movilización más grande y exitosa se efectuó en torno a la Corporación Colectiva de las Industrias del Pueblo, fundada por Zuno para crear empleos no agrícolas en áreas rurales pauperizadas. Tal corporación comenzó como una serie de talleres que manufacturaban postes de cemento y gises y los vendía a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Educación Pública, respectivamente. A estos talleres se fueron sumando otros que producían bienes de consumo cotidiano: ropa, calzado, sombreros, alimentos. Ideados originalmente como cooperativas, se convirtieron luego en una "Sociedad de Solidaridad Social" - según una fórmula jurídica ad hoc - que permitía la propiedad colectiva de los medios de producción. En 1975 contaba con más de 1 000 trabajadores distribuidos en 70 talleres, muchos de los cuales se situaban en la sierra o en pueblos remotos y mal comunicados (Berea 1977). El 80% de quienes laboraban en los talleres eran mujeres; a las familias y miembros de la comunidades se invitaba a festivales y asambleas. Una "brigada ideológica" visitaba los talleres, para instruir a los miembros acerca de las metas de transformación social de la corporación (Caso y Scherer 1978). Sobre estas metas, Pepe Zuno compuso varios cantos alusivos, que se entonaban fervorosamente en las asambleas (Alcántara Ferrer 1979: 32-33).

Apenas es necesario decir que lo emprendido por Zuno tenía como condición sine qua non el apoyo de su cuñado, el presidente de la República. Preocupado por la erosión del Estado nacional, derivada - al menos en parte - de la exclusión de sectores populares numerosos de los beneficios repartidos por el gobierno, Echeverría intensificó la acción pública en programas de empleo y bienestar social, particularmente en el campo. Adoptó además una retórica y un estilo que deliberadamente recordaban los años del populismo cardenista (u obregonista): criticaba a "los ricos", defendía los ejidos colectivos, hablaba de multiplicar las cooperativas, cantaba alabanzas de la educación y la organización popular, y se manifestaba amigo y admirador de los líderes de los países socialistas. Buscó cooptar las organizaciones campesinas; pero, donde hubo movimientos populares no violentos y persistentes, respondió a sus demandas (cfr. Glantz 1979 y Sanderson 1981).[ 44 ] El experimento del sur de Jalisco le encantó. Construyó un aeropuerto para aviones jet en Tuxpan, con el fin de visitarlo frecuentemente y mostrar las Industrias del Pueblo a huéspedes internacionales. Aceptó situaciones irregulares - como las invasiones de tierras - o complicadas - como la legislación de las Sociedades de Solidaridad Social -. Permitió que se subsidiaran generosamente todas las actividades de la Comisión del Sur. Uno de sus hijos, Álvaro, se convirtió en el Director de Estudios Socioeconómicos de la comisión.

Al concluir el sexenio echeverrista, se acabaron los subsidios. Zuno sabía que el éxito de su obra dependía de la benevolencia que le mostraran las autoridades federales; pero no supo cómo mantener esa benevolencia después de 1976. Las Industrias del Pueblo no podían ser suprimidas por un decreto del gobierno; pero, sin los apoyos federales, la mayoría de los talleres entraron en una crisis terminal (Caso y Scherer 1978). En cuanto a las autoridades estatales, Zuno no podía esperar ninguna protección de ellas, pues su actuación las había opacado por completo. El gobernador Orozco Romero (1971-1977) dejó de visitar la zona sureña, para no sentirse ridículo: sus órdenes no eran obedecidas si no las avalaba Zuno. El nuevo gobernador, Flavio Romero de Velasco (1977-1983), suprimió la comisión no bien tomó posesión de su cargo. Años después, preguntando acerca de esa decisión, replicó que la comisión violaba la autonomía de los ayuntamientos.[ 45 ] Por su parte, los ayuntamientos - aun aquéllos donde restaban algunos de sus simpatizantes - dejaron de ser fieles a Zuno cuando éste cesó de tener injerencia en la canalización del gasto público. (Discretamente, las de legaciones federales se fueron de Tuxpan en 1977). Para evitar que el candidato priísta (aliado a Zuno) a la presidencia municipal de Tuxpan ganara, el PRI estatal apoyó al candidato de un partido de oposición - el PARM -, quien resultó así triunfador.[ 46 ]

¿Podía la Comisión del Sur esperar el apoyo de las emergentes élites sureñas? Los distribuidores de insumos y maquinaria agrícola la veían con simpatía: sus ventas aumentaban gracias a las labores de promoción y extensión agropecuaria. A pesar de sus críticas a los grandes negocios y de sus discurso a favor de la intervención del Estado en la economía, Zuno Arce hubiera deseado que aquéllos se convirtieran en sus aliados y clientes: que los complejos agroindustriales pactaron con los "consejos revolucionarios". De hecho, la Compañía Industrial de Atenquique proporcionaba importantes donativos de madera a las Industrias del Pueblo. Sin embargo, los funcionarios de las empresas nunca llegaron a confiar en Zuno y deploraban lo que según ellos era "agitación comunista". Por su parte, los agricultores y ganaderos privados, aunque pudieron en algunos casos beneficiarse de las actividades de extensión, veían con malos ojos las invasiones de tierras y resintieron la promoción que hizo Zuno en favor de la creación de un ejido colectivo en el valle de Zapotlán (Hope 1985; Zafa 1988). Tampoco pudo el hijo del exgobernador ganarse a los sectores del PRI y a sus líderes y caciques; éstos - intermediarios de menor talla - se sentían en grave peligro de ser desplazados por una estructura de intermediación monopólica.[ 47 ]

Conclusión

En este ensayo, he presentado una serie de materiales sobre las cambiantes relaciones de poder en un territorio al que he llamado sur de Jalisco. Sostengo que los fenómenos descritos sólo pueden ser propiamente comprendidos si se adopta una perspectiva regional. Esto significa, en primer lugar, trascender el enfoque que considera "el nivel local" como unidad de análisis significativa. Aunque una parte de la presentación se refirió a la lucha política en la comunidad de Amacueca, en ningún momento se asumió que la comunidad fuese un sistema social capaz de mantener y reproducir sus relaciones constitutivas. Sin embargo, tampoco se consideró que los acontecimientos en Amacueca u otros pueblos sureños representaran meros ejemplos de un proceso nacional de cambio, repetibles, por ello, de manera virtualmente idéntica, en otros muchos lugares del país. La mediación entre lo particular (comunitario) y lo general (nacional) la proporciona la dimensión regional.

Para caracterizar esta dimensión, se trató de identificar a los actores que, más allá del nivel comunitario, han ejercido control efectivo sobre recursos estratégicos. Tales recursos en primer lugar pueden definirse en términos de un sistema productivo: lo que Bryan Roberts (1980) concibe como los "encadenamientos horizontales" que vuelven compatibles las instituciones sociales, la apropiación específica de la naturaleza y la subordinación de la fuerza de trabajo. Pero hay otros componentes que históricamente también adquieren valor estratégico: la ubicación ventajosa en una estructura de mercadeo (cuya lógica debe buscarse en las relaciones que existen entre un sistema productivo regional y la economía que existen entre un sistema productivo regional y la economía global), la capacidad de utilizar la fuerza física y el acceso a los puestos públicos. Estos dos últimos componentes (que no son, por supuesto, los menos importantes) nos llevan directamente a prestar atención al ambiguo papel del Estado nacional en la conformación de los poderes regionales. Por un lado, la consolidación del Estado tendría que excluir cualquier alternativa independiente. Por otro lado, en la práctica el propio poder central se construye en un proceso de negociación con los actores regionales, cuyas modalidades de poder varían a través del tiempo (Roberts 1980: 28, 35).

Una historia regional puede entenderse, entonces, como una triple corriente: la de las transformaciones productivas, la de las transformaciones en la circulación de los productos, y la de las negociaciones de los actores relevantes entre sí y con el Estado (cfr. Cole 1981: 92-93). Por ello, los límites de una región nunca son tan claros como los de una demarcación administrativa, y suelen cambiar a través del tiempo. Así lo muestra la historia del sur de Jalisco en el siglo XX. Al comienzo, encontramos una clase hegemónica regional relativamente coherente, interesada en mantener un sistema de producción y una estructura de mercadeo. Así, los límites de la región coincidían con el dominio unitario de poder constituido por el pacto existente entre los miembros de esta clase. Pero, desde entonces, la aparición del ferrocarril simbolizó el incipiente resquebrajamiento del dominio regional: la diversificación de la producción y de los canales de acceso al mercado permitieron que nuevos actores buscaran posiciones de poder, a veces violentamente. Con la Revolución y el desplazamiento de la clase oligárquica, la violencia se volvió endémica: ningún poder regional - ningún arbitraje supracomunitario- sustituyó a los hacendados y los jefes políticos por firianos.[ 48 ] Durante la reforma agraria, y después de ella, la posibilidad de convivencia de los actores regionales ha dependido, crecientemente, de la subordinación de tales actores al gobierno federal. (Las propias autoridades federales sólo han podido ser estables mediante el apoyo federal, instrumentado a través del Partido Revolucionario Institucional en sus diversas versiones). El resultado es la instauración de un dominio múltiple de poder en el ámbito del sur de Jalisco, que a su vez corresponde al proceso de consolidación de un dominio unitario en el ámbito nacional.[ 49 ]

Al formarse una nueva y compleja red de relaciones de poder, no sólo se transforma la estructura productiva sino además los límites regionales pierden nitidez y se ven sujetos a un proceso de negociación continua. Entre las nuevas relaciones destacan las de intermediación política que, por su naturaleza vertical, refuerza la desarticulación horizontal de los actores sureños (Foley y Yambert 1989: 64). Una función de los intermediarios ha sido obtener una derrama selectiva de beneficios, lo cual los convierte en negociadores de la paz social. Incluso la emergente burguesía agropecuaria y los grandes enclaves agroindustriales han recurrido a ciertos intermediarios para ganar y conservar sus espacios de acción. Por otra parte, el propio Estado postrevolucionario ha necesitado de mediadores para lograr la aceptación de los sectores sociales que no fueron incluidos de una manera obvia en el nuevo pacto social. Para un intermediario, la movilización de seguidores puede resultar una forma efectiva de fortalecerse frente al Estado. Con un intervalo de medio siglo, dos miembros de la misma familia, padre e hijo, fueron los impulsores de movilizaciones masivas en el sur de Jalisco. Ambos fallaron, al no establecer frentes de negociación si multánea con varios sectores sociales. Dieron demasiada importancia a su papel de líderes populares, en detrimento de su poder como intermediarios, y además presionaron demasiado el ejecutivo federal, que se convirtió de benévolo en hostil (al suceder Calles a Obregón y López Portillo a Echeverría). Por añadidura, Zuno el joven violó dos reglas de oro: alienó a otros intermediarios, incluyendo al más importante de todos -el gobernador-, e intentó reconstituir un dominio unitario regional, que hubiera resultado un obstáculo excesivo para la libertad de acción del Estado mexicano.

Después de 1976, la población del sur de Jalisco ha continuado en una situación desfavorecida. Según los datos censales, en 1980 sólo el 25% de la población recibía ingresos superiores al salario mínimo oficial. El malestar social se ha manifestado periódicamente en invasiones de tierras (Safa 1988: 43-46). Pero ha tenido también expresión en la afiliación de grupos locales a los partidos de oposición, y en el aumento progresivo de las votaciones por éstos (Alonso 1987). En 1978-1979, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) ganó simpatizantes en los municipios de Ciudad Guzmán, Zapotiltic, Tecalitlán, San Gabriel, Tapalpa y Atemajac de Brizuela; en estos dos últimos, el ejército debió intervenir para desalojar por la fuerza a los militares del PST, que habían tomado los palacios municipales en protesta por el fraude electoral (Medina Núñez 1987: 139-140). En las elecciones presidenciales de julio de 1988, el candidato de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, obtuvo un tercio de los votos en los distritos electorales correspondientes al sur de Jalisco.[ 50 ] Por otra parte, se perfila un nuevo poder regional: el de la Iglesia. Esta, en el Porfiriato, manifestaba una gran dependencia de la oligarquía, y perdió mucho terreno después de la Revolución. En 1972 se creó la Diócesis de Ciudad Guzmán, cuyo territorio coincide con el de los antiguos cantones de Sayula y Zapotlán. A partir de entonces, se han multiplicado las parroquias y las asociaciones católicas (Vázquez y Camarena 1988). Tienen particular importancia las comunidades eclesiales de base, que se convirtieron en vehículos de auxilio y movilización popular después del sismo que en 1985 asoló a Ciudad Guzmán y su vecindad. ¿Se convertirán estas asociaciones en intermediarias privilegiadas frente al Estado?

Fuentes

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AHJ: Archivo Histórico de Jalisco

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[ 1 ] Agradezco a Eric Van Young al haberme invitado a escribir este artículo, así como sus detalladas y pacientes sugerencias. También agradezco la lectura crítica de Jorge Alonso, Jonathan Amith, María Inés Camarena, Fernando M. González, David Mares, Laura Romero y Jaime Tamayo, y los comentarios de los participantes en el seminario Mexican regions: Comparative history and development (La Jolla, diciembre de 1988).

[ 2 ] El cantón era una división administrativa del estado de Jalisco. Cada cantón, gobernado por un jefe político, se subdividía a su vez en distritos, a cargo de los directores, y los distritos en municipalidades, gobernadas por ayuntamientos encabezados por un presidente municipal o primer regidor. En cada municipalidad o municipio, el pueblo principal o cabecera se distinguía jerárquicamente de los pueblos secundarios o comisarías. Véase Camarena 1991; cfr. Muriá 1976a.

[ 3 ] El término estado, con "e" minúscula, se refiere a la entidad federativa (Jalisco, en este caso). Usaré Estado, con "E" mayúscula, para referirme a las instituciones formales de poder a nivel nacional.

[ 4 ] Se entiende que el poder implica una relación social, mientras que el control tiene que ver con la apropiación de recursos. Para escapar de una relación de poder, un actor subordinado tendría que arrebatar por la fuerza los recursos a quien los detenta, o bien prescindir de ellos, o bien conseguir acceso a ellos por medios alternativos. Véase Blau 1964: passim. Por otro lado, en la práctica todo poder es relativo, pues ningún actor puede llegar a controlar todos los recursos relevantes para todas las instituciones posibles en la vida de otros actores.

[ 5 ] Conviene recordar que estos conceptos son, antes que nada, tipos ideales, y no fórmulas descriptivas.

[ 6 ] Por supuesto, una estructura no es el resultado de la voluntad de quienes ejercen el poder -aunque éstos contribuyen a su mantenimiento- sino de procesos históricos de largo plazo.

[ 7 ] Existe una abundante literatura sobre el populismo latinoamericano; destacan los trabajos de Di Tella (1966), Ianni (1975) y Laclau (1978). En México sólo los períodos de Álvaro Obregón (1920-24) y Lázaro Cárdenas (1934-40) pueden seriamente caracterizarse - desde la perspectiva del Estado - como populistas (cfr. Tamayo 1991); pero en este ensayo me interesa explorar la persistencia de tácticas populistas en los procesos de intermediación.

[ 8 ] De 1976 a 1982 dirigí una estación de trabajo de campo en el sur de Jalisco, dedicada al entrenamiento de becarios y estudiantes del Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (hoy Centro de Investigaciones y Estudios de Antropología e Historia; hoy Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social), la Universidad Autónoma Metropolitana (Iztapalapa), El Colegio de Michoacán y la Universidad Iberoamericana. Participaron también estudiantes graduados de las Universidades de Manchester y Durham. Por tanto, los datos aquí presentados son el resultado de un esfuerzo colectivo de investigación.

[ 9 ] Rodolfo Fernández (1990), ha trazado la descendencia de Alonso de Ávalos y los primeros encomenderos hasta el siglo XVIII, y ha mostrado las crecientes alianzas, en este último siglo, entre los hacendados y comerciantes del sur de Jalisco y las familias principales de Guadalajara.

[ 10 ] En el Archivo de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco pueden encontrarse numerosos documentos que iluminan la situación política del sur de Jalisco en la época anterior a la República Restaurada. Por ejemplo, en 1853 Claudio Gutiérrez, el jefe político de Sayula, impidió que se pusieran en efecto varias órdenes y sentencias del Juez de Letras del cantón, quien terminó por renunciar a su cargo, no sin antes pelear también con el comandante militar de la plaza, al cual acusaba de estar coludido con el jefe político. Gutiérrez pertenecía a una antigua familia de terratenientes, poseía una cuantiosa fortuna, y ocupó el mismo cargo varias veces, además de ser diputado suplente en 1847. Véanse la "Queja que el Juez de Letras de Sayula, Francisco González Ruvalcaba, hizo al Supremo Gobierno del Estado de Jalisco contra el Jefe Político del mismo lugar, D. Claudio Gutiérrez, por muchos excesos que Éste cometió...", Archivo de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Miscelánea 458, y el "Informe que el Jefe Político de Sayula D. Claudio Gutiérrez da al Supremo Gobierno del Estado sobre la queja del Lic. D. Francisco G. Ruvalcaba", Archivo de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Miscelánea 327.

[ 11 ] Zapotlán el Grande, cuyo nombre cambió oficialmente a Ciudad Guzmán en 1856, fue en ese mismo año reconocida como cabecera de un cantón independiente de Sayula. Véase un estudio de caso de una familia de hacendados-comerciantes en Zapotlán, en de la Peña 1984.

[ 12 ] Así lo atestigua la multitud de peticiones de registro y exención de impuestos por parte de negocios en las cabeceras municipales. Véase Archivo Histórico de Jalisco, Ramo de Fomento, años 1880-1910.

[ 13 ] Al nivel regional, el Porfiriato implicó una especie de bonapartismo moderado (Sánchez Vázquez 1983): el poder político seguía respondiendo a los intereses de las familias oligárquicas, pero en buena medida ya no estaba directamente en manos de éstas. A la vuelta del siglo, quienes ocupaban los cargos de jefes políticos y directores pertenecían a la emergente clase profesional -abogados, maestros, médicos- o a familias de comerciantes medianos (Directorio del Estado de Jalisco, 1912: 52-53; Munguía 1976: 114-119). Sin embargo, algunas presidencias municipales (Tapalpa, Atemajac de las Tablas) eran aún detentadas por hacendados. Sobre la organización burocrática cantonal y municipal durante los últimos años del siglo XIX, véase ABPJ, "Jalisco y sus municipalidades", 1896, Miscelánea 512. Sobre la importancia de las ayudas privadas para las obras públicas en las cabeceras municipales, véase por ejemplo Archivo Histórico de Jalisco, Fomento, Sacrificio de Reses, 1899.

[ 14 ] La narración de los avatares políticos de Amacueca se basa sobre todo en los testimonios de historia oral recogidos por Manuel de Alba en 1976-1977, complementados por sus investigaciones en el Archivo Judicial de Sayula y por mis propias pesquisas en el Archivo de la Secretaría de la Reforma Agraria. Véanse de Alba 1977 y 1979; también González Chávez 1981 y de la Peña 1984. En ésta y en las otras secciones, he cambiado los nombres de los actores locales; pero he mantenido los nombres reales de las figuras públicas en el nivel del estado.

[ 15 ] Coamil: milpa de ladera, usualmente trabajada con coa y azadón.

[ 16 ] Manuel M. Diéguez fue nombrado por Obregón gobernador y comandante militar de Jalisco al entrar las tropas constitucionalistas en Guadalajara, en abril de 1914. Permaneció como tal durante el periodo de lucha entre las facciones revolucionarias (aunque Villa lo obligó a salir un tiempo de Guadalajara) y fue luego gobernador constitucional (1917-1919).

[ 17 ] Las disposiciones progresistas de Diéguez en materia agraria incluían la abolición de las tiendas de raya y el pago en especie, y la reglamentación del salario mínimo y de los contratos de aparcería (Muriá et al. 1982: 444). Por no haber mecanismo que las impusieran, no surtieron mucho efecto en el sur de Jalisco.

[ 18 ] La población se duplicó en la segunda mitad del siglo XIX. En el sur de Jalisco, la palabra mozo generalmente se usa para designar a un trabajador asalariado con quien el empleador mantiene una relación paternalista.

[ 19 ] Otros ricos del pueblo, y los propietarios residentes en Sayula (por ejemplo, los Anguiano, dueños de la Hacienda de Chichiquila), trataron de mantenerse al margen, aunque consideraban a los Lepe como advenedizos peligrosos.

[ 20 ] Archivo de la Secretaría de la Reforma Agraria, Amacueca, Jal., Expediente 1971, Dotación, Local, Oficio 2, Diciembre 5 de 1921. En ese año, la Comisión Local Agraria recibió muy pocas peticiones de tierra -probablemente por la continuidad del control terrateniente-, y muy pocas de ellas tuvieron éxito por las divisiones existentes en el gobierno estatal. Véase Torres Sánchez 1987: 466.

[ 21 ] Un personaje maquiavélico transplantado a una novela de Ibargüengoitia, Zuno dejó su propia versión de la historia política jalisciense en sus interesantísimas Reminiscencias de una vida (1956). Su fuerza inicial provenía de la llamada Gran Confederación de Partidos Revolucionarios de Jalisco, la coalición que apoyó la candidatura presidencial del general Álvaro Obregón y el surgimiento de la Liga de Comunidades Agrarias en el Estado. Véanse Tamayo 1986 y 1988; Ro mero 1986, y -para una visión negativa- Loret de Mola 1979: 164-181.

[ 22 ] Las Ligas fueron promovidas por Miguel Mendoza-López, radical jalisciense, quien ocupó el cargo de secretario de la Comisión Nacional Agraria de 1921 a 1924. La Liga de Jalisco se fundó en 1921 (Bartra 1985: 32).

[ 23 ] El levantamiento de Adolfo de la Huerta contra la omnipotencia política de Obregón fue liderado en Jalisco por el propio jefe de operaciones militares del estado, Enrique Estrada, y por el exgobernador Diéguez.

[ 24 ] El gobierno "luego de la derrota delahuertista se concretó a afectar a [los terratenientes] (...) que intervinieron (...) en pro de la disidencia" (Muriá et al. 1982: 451-452).

[ 25 ] Varias de ellas se quedaron definitivamente en el municipio de Etzatlán, situado al norte de Guadalajara.

[ 26 ] Archivo de la Secretaría de la Reforma Agraria, Amacueca, expediente 1971, Dotación, Local, oficio sin número, 8 de septiembre de 1927. Archivo de la Secretaría de la Reforma Agraria, Amacueca, expediente 1971, Dotación, Local, oficio sin número, 29 de septiembre de 1928. Archivo de la Secretaría de la Reforma Agraria, Amacueca, expediente 1971, Dotación, Local, oficio sin número, 18 de octubre de 1928. Archivo de la Secretaría de la Reforma Agraria, Amacueca, expediente 1971, Dotación, Local, oficio 34, 20 de octubre de 1928.

[ 27 ] En cambio, en el municipio de Sayula, donde los cristeros representaban una mayor amenaza, sí hubo reparto agrario (Munguía 1976: 154-158).

[ 28 ] La cultura de la violencia en el México rural, según el penetrante análisis de Paul Friedrich (1962), se basa en una serie de supuestos morales y filosóficos socialmente compartidos - por ejemplo, la solidaridad entre parientes y compadres que obliga a la venganza-, y se manifiesta en el faccionalismo que emerge cuando no existen normas claras respecto de la distribución de recursos valiosos. La eliminación violenta de facciones rivales como medio de acceder a los puestos públicos es característica de situaciones donde la autoridad externa no ejerce un arbitraje indiscutido (i.e., donde no se ha consolidado un dominio de poder extralocal). Véase Greenberg 1989 para un análisis de situaciones donde la competencia política no es la clave principal de la violencia.

[ 29 ] La importancia que llegó a tener el regimiento de Sayula se muestra porque dos de sus comandantes -Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho- llegaron a la presidencia de la república, y otro de ellos - Marcelino García Barragán - fue gobernador de Jalisco (1942-1946) y Secretario de la Defensa Nacional (1964-1970). Una táctica explícita del gobierno federal ha sido el rotar a los comandantes con cierta frecuencia, para evitarles la tentación de convertirse en caudillos regionales.

[ 30 ] En los llamados camarazos, las facciones enemigas de un gobernador agitan las cámaras de diputados locales para impedirle gobernar y forzar su renuncia (cfr. Muriá et al. 1982: 412-413).

[ 31 ] García Barragán fue desaforado en los últimos meses de su mandato, pues no apoyó al candidato presidencial triunfante, Miguel Alemán, sino al militar oposicionista Miguel Henríquez Guzmán (Muriá et al. 1982: 605).

[ 32 ] Por definición, una burocracia sólo posee poder delegado: lo recibe de quien efectivamente controla recursos estratégicos (Adams 1975: 39). En cambio, el ayuntamiento y el gobierno del estado poseen en teoría poder independiente.

[ 33 ] Archivo de la Secretaría de la Reforma Agraria, Amacueca, exp. 1971, Dotaciones, Local, Oficios 215-220, 24 de febrero de 1936. Archivo de la Secretaría de la Reforma Agraria, Amacueca, exp. 1971, Ampliación, Local, Oficio 2, 1 de marzo de 1937.

[ 34 ] Los datos sobre este personaje los debo a la obra de Laura Patricia Romero (1988: passim) y a conversaciones con el Lic. Alfonso de Alba Martín, quien fue secretario de Gobierno en el periodo estatal 1953-59.

[ 35 ] El sinarquismo, movimiento civil derechista, ganó simpatías porque atacaba el anticlericalismo gubernamental y la sujeción política de los ejidatarios. El almazanismo, a su vez, se oponía al candidato del partido oficial en 1940, y por ello sólo fue bastante popular.

[ 36 ] Véase nota 30.

[ 37 ] En 1940 Landeros se convirtió en diputado local, y en 1943 en presidente municipal de Guadalajara. En 1946 fungió como diputado federal y fue el principal promotor de la candidatura presidencial de Alemán y de la reorganización del partido gobernante. Véanse Tamayo y Aldana 1981: 74; y también la información publicada en el diario El Occidental (Guadalajara), 20/VIII/1976, pp. 3 y 9.

[ 38 ] Martínez fue presidente municipal de Tamazula, vicepresidente municipal de Guadalajara, diputado local y federal (tres veces), secretario general de la Federación de Trabajadores de Jalisco, senador, y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (Tamayo y Aldana 1981: 75; Sánchez Susarrey 1987: 270; Escobar Latapí y González de la Rocha 1988: 71).

[ 39 ] La inversión federal en Jalisco en rubros relacionados con la reproducción del capital alcanzó el 80.11% del total en la entidad en la década de 1970-80. (La media nacional fue 88%). Por el mismo periodo, el gasto federal en Jalisco en bienestar social cubrió el 36.40% del total en la entidad. (La media nacional es 60%). (Sánchez Susarrey 1986: 11-12). Aunque las reformas legislativas de 1983 dan en principio mayor capacidad fiscal al municipio, no disminuyen la capacidad del gobierno federal sino la del gobierno estatal. Además, en la práctica, la mayoría de los municipios rurales carecen de personal técnico que maneje la recaudación fiscal, así que las tareas si guen siendo ejecutadas por el gobierno estatal, el cual cobra por ello un 40% de lo que recauda, con lo que los ingresos municipales no han mejorado mucho.

[ 40 ] El señor Zuno Arce gentilmente me permitió entrevistarlo en dos ocasiones (marzo y mayo de 1976) y asistir a varias asambleas de la Corporación Colectiva de las Industrias del Pueblo. Pude también entrevistar a diversos funcionarios de la Comisión del Sur. Esta sección está además basada en el trabajo de campo (realizado en 1976, 1977 y 1978) de tres de mis estudiantes: Marta Berea, Andrea Caso y Hugo Scherer; en los estudios de María Luisa Tarrés y Sergio Al cántara, y en los informes oficiales de la propia comisión.

[ 41 ] Se crearon otras cuatro comisiones similares, correspondientes a las zonas Norte, Altos, Centro y Costa de Jalisco. Ninguna de ellas tuvo mayor importancia. La Comisión del Sur, por su parte, alcanzaba a un territorio mayor del que aquí habíamos considerado como "Sur de Jalisco", pues incluía el antiguo cantón de Autlán además de los de Sayula y Zapotlán.

[ 42 ] Según datos del Centro de Investigación para el Desarrollo Rural de la Secretaría de Programación y Presupuesto, el total de la inversión pública (federal, estatal y municipal) en los 43 municipios durante los años 1965-1971 apenas sumaba 248 millones de pesos.

[ 43 ] Los once organismos eran: el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), La Secretaría de Agricultura y Ganadería (Plan Benito Juárez), la Comisión Constructora de Ingeniería Sanitaria de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, Servicios Coordinados de Salud Pública de la propia S.S.A., el Fideicomiso para Obras Sociales para Campesinos de Escasos Recursos (FIOSCER), el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE), la Secretaría de Recursos Hidráulicos, y Caminos y Puentes Federales de Ingresos.

[ 44 ] Hubo también represión, sobre todo contra movimientos percibidos como violentos o desestabilizadores (Bartra 1985: 125).

[ 45 ] Diario Uno más Uno, Octubre 18, 1981.

[ 46 ] El PARM (Partido Auténtico de la Revolución Mexicana) fue creado en 1954 como una concesión del presidente Ruiz Cortines a un grupo de militares veteranos de la Revolución. Nunca logró consolidarse como organización partidista; más bien ha servido como plataforma de ciertas personalidades ligadas al PRI. Pero también, a nivel regional, ha servido para aglutinar coyunturalmente a grupos descontentos con el régimen (cfr. Mele 1987). En 1988, la dirigencia del PARM ofreció la candidatura presidencial a Cuauhtémoc Cárdenas, disidente priísta, lo que causó un gran descontento entre los militantes tradicionales.

[ 47 ] La antipatía por Zuno obedecía además a factores totalmente fuera de su control. Lo perseguía la fama (negativa) de su padre, a quienes muchos recordaban por su anticlericalismo y por el clima de agitación e intranquilidad de la década de 1920. Recientemente, el menor de sus numerosos hermanos había figurado como uno de los protagonistas de varios episodios violentos en la Universidad de Guadalajara. Otro hermano, gerente regional de la CONASUPO (Compañía Nacional de Subsistencias Populares) en la costa, era acusado, por múltiples rumores, de corrupción. Por otra parte, los jaliscienses reprochaban a Echeverría el que nunca se hubieran aclarado dos asesinatos cometidos en Guadalajara durante su periodo de gobierno: el de Fernando Aranguren, prominente industrial, y el de Carlos Ramírez Ladewig, hijo del exgobernador Margarito Ramírez, político priísta, eminencia gris de la Universidad de Guadalajara y -precisamente- rival de los Zuno en el liderazgo universitario. Véanse Loret de Mola 1979, y González y Alba Vega 1989.

[ 48 ] ¿Por qué no surgió en las décadas postrevolucionarias un caudillo regional que impusiera y garantizara el orden (su orden), como en Veracruz o San Luis Potosí? (cfr. Brading ed. 1985). En buena parte, porque las tropas revolucionarias que actuaron en Jalisco ni eran jaliscienses en su mayoría ni tenían líderes con arraigo local. (Diéguez era jalisciense, pero llevaba años fuera del estado y políticamente pertenecía al grupo de Sonora). Zuno (el viejo) hubiera querido tal vez convertirse en caudillo, pero ni tenía influencia entre los militares revolucionarios ni pudo (o quiso) crear una fuerza armada alternativa (como la "guardia civil" veracruzana al mando de Tejeda; en Jalisco, los agraristas armados fueron apropiados por el ejército federal en el combate contra los cristeros); así, su querella con el callismo sólo podía conducirlo a su ruina.

[ 49 ] No existe más una clase dominante regional que "instrumentalice" al Estado. Esto no quiere decir que, en otros niveles, el Estado esté libre de presiones de la clase dominante. Sobre el problema de la "autonomía relativa", véanse Foley y Yambert 1989: 46-47.

[ 50 ] Según las cifras oficiales de la Comisión Nacional Electoral, en el distrito X, con cabecera en Ciudad Guzmán, Cárdenas obtuvo el 32.4%, y en el distrito XIX, con cabecera en Tamazula, el 28.5%. Los porcentajes correspondientes al PAN en esos mismos distritos son 17.2 y 4.9%. Agradezco a Jorge Alonso al haber llamado mi atención sobre estos datos.

Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, Álvaro Matute (editor), Ricardo Sánchez Flores (editor asociado), México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, v. 16, 1993, p. 115-152.

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